Las políticas de seguridad energética argentina no se aplican solamente frente a amenazas externas, barcos extranjeros, disputas geopolíticas o conflictos diplomáticos. También se juega puertas adentro, en los yacimientos, frente a actores internos capaces de poner en jaque la producción de activos estratégicos para el país. Porque en una Argentina donde la energía puede definir desarrollo económico, divisas, empleo, soberanía e infraestructura, la estabilidad operativa es una condición de supervivencia productiva.
Mientras YPF celebra los resultados de su cambio de foco hacia Vaca Muerta —con shale oil, gas no convencional, récords nacionales y exportaciones en expansión—, el Plan Andes marcó una decisión histórica: la salida definitiva de la compañía de las cuencas maduras. Lanzado en 2024, este programa buscó reordenar el portafolio de YPF, concentrar recursos en los activos de mayor rentabilidad y transferir áreas convencionales a operadores más ágiles, más específicos y más enfocados en eficiencia.
El problema es que esas áreas no son simples activos heredados. Son parte del corazón histórico de la industria petrolera argentina.
La Cuenca del Golfo San Jorge, ubicada entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, produce petróleo desde principios del siglo XX. Pero hoy enfrenta la realidad dura de toda cuenca madura: décadas de explotación, declinación natural, campos con alta proporción de agua, infraestructura envejecida y necesidad creciente de recuperación secundaria y terciaria cada vez más costosa.
Los números muestran la magnitud del deterioro
Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de abril de 2026, la cuenca produce alrededor de 175.100 barriles diarios de petróleo, con una caída interanual del 7,5 %. En diciembre de 2025 ya había descendido a 169.541 barriles diarios, un 12,6 % menos que el año anterior. Y si se mira la película completa, el retroceso es todavía más contundente: de 279 mil barriles diarios en 1996 se pasó a unos 183 mil en 2025. Una pérdida acumulada de más del 34% en tres décadas.
Ese declino de características naturales ocurre sobre una estructura de costos que deja poco margen para el error. En los campos maduros de la mencionada cuenca, el costo total por barril producido, sumando desarrollo, regalías (15%), retenciones y otros impuestos, supera frecuentemente los 70 dólares. Con cifras de ese nivel, ubicadas muy por encima de los precios internacionales, muchos pozos quedan al borde de la marginalidad o directamente pasan a ser antieconómicos si no existe una gestión financiera extremadamente eficiente, con flexibilidad laboral y control estricto de costos.
Ahí entra el Plan Andes.
La salida de YPF permitió que compañías pequeñas y medianas tomaran áreas donde el negocio ya no depende del gigantismo, sino de la cirugía fina: optimización, eficiencia operativa y administración obsesiva de recursos. En Chubut, PECOM, propiedad del Grupo Pérez Companc, asumió la operación de bloques clave como Manantiales Behr, El Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido. En conjunto, esas áreas alcanzan unos 35 mil barriles diarios.
Pero la reconfiguración productiva abrió otro frente ya conocido en el ámbito del mundo petrolero: el conflicto sindical.
Los gremios denunciaron supuestos incumplimientos de YPF en planes de abandono programado de pozos, remediación ambiental, pago de indemnizaciones y garantías de inversión por parte de los nuevos operadores. En este sentido, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, elevó la tensión al intimar formalmente a PECOM y exigir un plan de inversiones inmediato, además de la reactivación de yacimientos clave como Manantiales Behr. Ante la falta de anuncios concretos, Ávila fue directo: “si PECOM viene a achicar, la cuenca se paraliza”. La advertencia no quedó en una frase. También amenazó con paralizar la producción y bloquear la cesión oficial de las áreas, escalando el conflicto con una movilización a la base de la empresa y un ultimátum de 24 horas. Por otra parte, los sindicatos también alertaron sobre riesgos de despidos masivos, pérdida de empleos indirectos y un posible “éxodo” de profesionales de operadoras y compañías de servicios hacia Neuquén. Todo eso, según su mirada, compromete la continuidad productiva y las regalías provinciales.
El problema es que la historia reciente demuestra que estos riesgos no son teóricos y pueden ya han sido llevados hasta el extremo.
En 2012, el grupo conocido como “Los Dragones” —una escisión radical de la UOCRA vinculada a la construcción petrolera— protagonizó una violenta toma del yacimiento Cerro Dragón, operado por PAE. Los manifestantes ocuparon instalaciones críticas, provocaron destrozos significativos en oficinas, sistemas de control, tendidos de fibra óptica y casi 40 vehículos, además de cortar las rutas de acceso.
El golpe sobre la producción fue inmediato.
Cerro Dragón quedó prácticamente paralizado durante cuatro días. Luego de la recuperación inicial, la producción cayó al 30% de su capacidad normal. En ese momento, el yacimiento producía alrededor de 100.000 barriles diarios.
Las consecuencias no terminaron ahí. Pan American Energy tuvo que dar de baja 19 equipos de torre, suspender decenas de pozos en recuperación secundaria y reprogramar todo su plan anual de desarrollo.
En el corto plazo, el conflicto provocó pérdidas millonarias diarias en regalías provinciales y exportaciones, afectando a más de 8.000 familias de la cadena productiva. En el largo plazo, los daños sobre infraestructura crítica retrasaron durante semanas el desarrollo del yacimiento, aumentaron costos operativos, aceleraron la declinación natural de los pozos y golpearon la confianza inversora en la estabilidad de la cuenca.
El resultado fue brutal: una reestructuración completa del programa de perforaciones y más de 160 pozos previstos para ese año que quedaron sin ejecutar.
Es por esto que la seguridad energética debe ser sinonimo de proteger la operación, de reglas claras, estabilidad y que los activos estratégicos del país no queden rehenes de la amenaza permanente, el bloqueo, la toma o la extorsión disfrazada de conflicto sectorial.
Vaca Muerta ya demostró que la eficiencia y la modernización pueden transformar la matriz energética argentina. Pero las cuencas maduras, como el Golfo San Jorge, tienen otro desafío: sobrevivir en un entorno de declinación, costos altos y márgenes cada vez más finos. Para eso, los nuevos operadores necesitan trabajar sin interferencias que destruyan producción, empleo, regalías e inversión.
La seguridad nacional también se juega ahí: en los pozos convencionales, en los equipos de workover, en las rutas de acceso, en los sistemas de control, en cada barril que se produce o se pierde. Porque cuando se paraliza una cuenca, no se castiga a una empresa. Se castiga al país.
