La capital de la India, Nueva Delhi, fue escenario el lunes de una explosión que dejó al menos ocho muertos y alrededor de veinte heridos en las inmediaciones del histórico Fuerte Rojo, una zona fuertemente custodiada en el casco antiguo de la ciudad. Según la policía local, el estallido se produjo cuando un automóvil que circulaba lentamente se detuvo frente a un semáforo y detonó, provocando un incendio que alcanzó a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

Los testigos del hecho describieron una escena de pánico, cuerpos mutilados y llamas que se propagaron en cuestión de segundos. En este marco, las autoridades ordenaron reforzar la seguridad en estaciones de tren, aeropuertos y lugares turísticos, mientras equipos forenses investigan el origen del artefacto y los movimientos previos del vehículo. La policía abrió una causa bajo la ley antiterrorista y detuvo a varias personas para ser interrogadas. Por su parte, el primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias y prometió que los responsables serán identificados y llevados ante la justicia.

La zona en la que está situado el Fuerte Rojo es uno de los enclaves históricos más simbólicos de la India, desde donde el primer ministro se dirige a la nación cada 15 de agosto en el aniversario de la independencia. Si bien Nueva Delhi ha sufrido atentados en ocasiones anteriores, el último ataque de esta magnitud había ocurrido en 2011 frente al Tribunal Superior de la ciudad.

Apenas un día después del ataque en Nueva Delhi, el martes, un atentado suicida frente a un tribunal en Islamabad dejó al menos doce muertos y 27 heridos, según confirmó el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi. El atacante habría intentado ingresar a pie al edificio, y terminó detonando el explosivo cerca de un vehículo policial tras esperar durante varios minutos en la entrada. Videos e imágenes difundidos por medios locales mostraron cuerpos tendidos junto a vehículos calcinados y escenas de caos y pánico. El Talibán pakistaní se atribuyó la autoría del ataque, afirmando que el objetivo eran funcionarios judiciales.

El gobierno de Pakistán enfrenta desde hace meses un aumento significativo de ataques armados perpetrados por grupos terroristas o separatistas, como el Talibán pakistaní (TTP), que ha intensificado su actividad desde la toma del poder por los talibanes afganos en Kabul en 2021. Las autoridades paquistaníes sostienen que militantes del TTP se refugian en territorio afgano, algo que el gobierno de Kabul desmiente. La situación ha provocado fuertes tensiones diplomáticas y algunos combates en la frontera entre Afganistán y Pakistán, que en el mes de octubre dejaron un saldo de 15 civiles muertos y decenas de heridos. Tras el atentado, el ministro de defensa paquistaní, Khawaja Asif, sostuvo que, a la luz de los hechos, «sería inútil albergar mayores esperanzas de que las negociaciones con los gobernantes de Kabul sean exitosas».

En esta línea, Asif declaró que Pakistán “se encuentra en estado de guerra” y advirtió que los ataques en la propia capital ponen de testimonio la gravedad de la amenaza. “Esta es una llamada de atención”, sostuvo. En tanto, el primer ministro Shehbaz Sharif prometió una persecución “sin excepciones” contra los responsables, aunque también atribuyó la escalada a grupos terroristas respaldados por la India, el histórico enemigo de Pakistán, pero no aportó ninguna prueba.