A través del decreto 590/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la decisión de licitar la operación de cuatro represas hidroeléctricas situadas sobre el Río Limay, en la región del Comahue. La licitación, de la cual podrán participar empresas nacionales e internacionales, otorgará concesiones a 30 años para operar los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que representan el 10% de la generación de energía del país.
La privatización de las represas será posible gracias al acuerdo alcanzado entre Nación y los gobiernos de Río Negro y Neuquén, luego de meses de negociaciones. En un comunicado conjunto, los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck afirmaron que se logró incorporar en el proceso el conjunto de condiciones reclamadas por las provincias desde hace décadas.
Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos.
Las empresas que controlan actualmente las represas fueron creadas por Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A. mediante el decreto 718/2024, con miras a su privatización, luego de que en agosto de 2023 se vencieran los plazos de concesión que se habían otorgado. El decreto 590 extendió las concesiones hasta diciembre de este año y les dio 5 días a los actuales operadores de las represas para aceptar continuar, para lo cual deberán depositar una garantía, renunciar a iniciar litigios y pagarle regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén.
Que en atención al vencimiento de los plazos es intención del ESTADO NACIONAL otorgar dichas concesiones a distintas Sociedades Anónimas constituidas al efecto, cuyas acciones serán luego vendidas al sector privado bajo un proceso competitivo y expeditivo de alcance nacional e internacional.
Según estimaciones del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, la venta de acciones de las empresas representará ingresos de entre USD 400 y 500 millones que serán destinados al Tesoro Nacional.