La decisión tiene lugar tras una serie de acciones orientadas a reducir la influencia del grupo respaldado por Irán. En julio, el Banco Central prohibió a las entidades financieras operar con el banco Al Qard Al Hassan, vinculado a Hezbolá, y el gobierno logró retomar el control del aeropuerto de Beirut. Esta ofensiva contra el grupo terrorista fue posible gracias a un contexto regional marcado por la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria, proceso que interrumpió la ruta de suministro de armas desde Irán hacia el Líbano.

Adicionalmente, Hezbolá lidia con las consecuencias de las operaciones militares israelíes del año pasado, en las que las FDI lograron eliminar a su líder Hassan Nasrallah y gran parte de su cúpula militar, y fue destruído gran parte de su arsenal de misiles. Aun así, la organización conserva una amplia base de apoyo social y político.

El nuevo líder del grupo, Naim Qassem, rechazó el plan de desarme en un discurso esta semana, calificándolo de imposición externa. El partido Amal, aliado de Hezbolá, también manifestó su oposición y se retiró de dos reuniones de gabinete en protesta.

La enorme cantidad de gente que acudió al funeral de Nasrallah y el buen desempeño en las elecciones municipales de mayo muestran que el grupo todavía conserva un fuerte respaldo popular entre la comunidad chií. De este modo, algunos analistas advierten que si Hezbolá es capaz de presentar los intentos de desarme como un ataque sectario del gobierno a los chiitas, podría obstruir la iniciativa con ayuda del partido Amal.

Por su parte, Estados Unidos continúa presionando al Líbano para llevar adelante la iniciativa e incluso ha propuesto plazos concretos para su ejecución, mientras que Israel busca evitar todo intento del grupo de recomponer sus mermadas fuerzas. No obstante, en última instancia la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del gobierno libanés dependerá, en gran parte, de su voluntad para proceder en contra de Hezbolá y volver a ser un verdadero Estado.