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El régimen antidumping argentino enfrenta cambios clave

Las reformas buscan modernizar el sistema, agilizar los procesos y promover la competencia en el mercado interno, alineándose con una estrategia de apertura comercial.

Publicado el 26 de enero de 2025 por Julián Rullán
El régimen antidumping argentino enfrenta cambios clave

El ministro de economía, Luis Caputo, anunció una serie de reformas al régimen antidumping con el objetivo de promover la competencia en el mercado local. Estas modificaciones representan un gran cambio en la política comercial del país y forman parte de un plan más amplio para dinamizar la economía en un contexto de leve recuperación económica y reducción inflacionaria.

El dumping se define como una práctica de precios en la cual una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados en comparación con el precio de los mismos bienes vendidos en el mercado interno. Esta forma de discriminación de precios normalmente es considerada como una práctica desleal en el comercio internacional, dado que puede distorsionar el equilibrio competitivo entre economías.

Para contrarrestar esta práctica, los gobiernos suelen implementar medidas antidumping, herramientas comerciales destinadas a proteger a las industrias locales frente a la competencia desleal. El dumping se observa cuando un país exporta productos a precios por debajo de los costos de producción con el fin de ganar participación en mercados internacionales. En este sentido, las medidas antidumping actúan como un mecanismo correctivo en el comercio internacional.

La reciente reforma del sistema antidumping, establecida mediante el Decreto 33/2025, introduce varias modificaciones clave. En primer lugar, se reduce la vigencia máxima de las medidas antidumping, que pasa de cinco años con renovaciones ilimitadas a un período de tres años, con la posibilidad de una única extensión de dos años. Este cambio busca evitar la prolongación injustificada de estas medidas, con miras a eliminar ineficiencias.

Asimismo, la reforma agilizó el proceso de investigación previo a la implementación de medidas antidumping, reduciendo su duración máxima de doce a ocho meses. Del mismo modo, se unificaron los trámites administrativos, concentrándolos en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, lo que elimina la duplicación de documentación en distintas dependencias, buscando una mayor transparencia y eficiencia en el sistema.

Otro aspecto relevante de la reforma es la incorporación de un enfoque integral en el análisis de los casos, con la participación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. La reforma también busca restituir la función original de los derechos antidumping, orientado hacia los principios de libre mercado.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha respaldado las reformas al régimen antidumping, destacando que las mismas contribuyen a nivelar el terreno frente a las prácticas de competencia desleal. Sin embargo, también ha señalado que la competitividad de la industria nacional sigue estando limitada por barreras como la elevada carga tributaria y la infraestructura deficiente. Estas problemáticas deben ser abordadas para maximizar los beneficios de las nuevas medidas y mejorar la competitividad de la producción local.

En este sentido, la UIA puso foco en que los altos precios de los productos nacionales no pueden ser explicados solamente por las medidas antidumping. Además de la competencia desleal, los costos internos derivados de factores mencionados juegan un papel clave en la poca competitividad de las industrias argentinas.

Actualmente, Argentina mantiene 94 medidas antidumping vigentes, de las cuales 50 están dirigidas a productos originarios de China. Cabe señalar que el uso de medidas antidumping no es exclusivo de economías como la argentina. Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, también implementan estas herramientas para garantizar condiciones comerciales justas y proteger sus industrias locales frente a prácticas desleales de otros mercados.

La reforma del sistema antidumping implementada por el Gobierno de Javier Milei tiene un objetivo claro: equilibrar la protección de la industria local con la promoción de la competencia, para terminar reduciendo los precios para los consumidores. Su éxito va a depender de la capacidad del gobierno para abordar los problemas estructurales que afectan a la economía local, a la vez que se busca una apertura comercial con llegada de inversión extranjera. Es decir, que su éxito dependerá de cuál sea el equilibrio entre la apertura económica y la protección de los sectores productivos, viendo qué desafíos económicas y políticas se encuentra en el camino.

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