La medida cautelar fue concedida durante la madrugada del jueves tras una presentación legal impulsada por Bertrice Pompe, una ciudadana británica de origen chagosiano nacida en Diego García, quien alegó falta de consulta con la comunidad desplazada. Sin embargo, horas después, otro juez resolvió que mantener la suspensión podría perjudicar el interés público y la seguridad nacional.

El juez que concedió la medida provisional a Bertrice Pompe, sostuvo que «el acusado no tomará ninguna medida concluyente o legalmente vinculante para concluir sus negociaciones sobre la posible transferencia del Territorio Británico del Océano Índico, también conocido como el archipiélago de Chagos, a un gobierno extranjero ni se vinculará en cuanto a los términos particulares de dicha transferencia».

Desestimando la orden judicial, el juez Chamberlain argumentó que «el interés público y los intereses del Reino Unido se verían sustancialmente perjudicados por la concesión o la continuación de las medidas provisionales».

El acuerdo, valorado en 9.000 millones de libras, implica la cesión de la soberanía por parte del Reino Unido al gobierno de Mauricio, pero bajo la condición de que Londres conserve por 99 años el control de Diego García a través de un contrato de arrendamiento que garantiza la permanencia de la base militar anglo-estadounidense instalada en dicha isla.

La decisión de ceder la soberanía del archipiélago al gobierno de Maurico fue objeto de enorme controversia dentro del Reino Unido y del propio gobierno. Algunos sectores se muestran preocupados por los costos financieros del contrato de arrendamiento, cuyo monto podría ubicarse en torno a las 90 millones de libras anuales, en un contexto de ajustes presupuestarios.

Adicionalmente, desde Washington hubo preocupación debido a la importancia estratégica de la base Diego García, a la luz de las relaciones entre el gobierno de Mauricio y China, motivo por el cual funcionarios de la administración Trump criticaron el acuerdo a comienzos de este año.