Río de Janeiro vivió el martes uno de los episodios más violentos de su historia reciente, cuando una operación policial a gran escala dejó al menos 64 personas muertas, incluidas cuatro agentes, en los complejos de favelas de Penha y Alemão. Según testigos, durante la madrugada del miércoles podían verse más de 40 cuerpos sobre las calles, trasladados por familiares y vecinos en busca de desaparecidos luego de los enfrentamientos.
La redada, que involucró a unos 2.500 agentes, fuerzas especiales, helicópteros, vehículos blindados y drones, fue dirigida contra una facción del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Las fuerzas de seguridad avanzaron antes del amanecer, provocando tiroteos que se extendieron por horas en barrios donde viven cerca de 300.000 personas.
Autoridades estatales afirmaron que se incautaron más de 90 rifles y que al menos 80 sospechosos fueron detenidos. Sin embargo, la escala del operativo y el número de heridos reavivaron críticas históricas hacia este tipo de acciones, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la acción policial y describió la situación como una guerra contra el narcotráfico. “Esto ya no es delincuencia común, es narcoterrorismo”, declaró, y afirmó que la operación buscaba frenar la expansión territorial del Comando Vermelho en la región metropolitana y en otras zonas del país.
Más allá de las favelas donde tuvieron lugar los enfrentamientos, varias avenidas, comercios, escuelas y servicios de transporte fueron paralizados ante la posibilidad de represalias. En las inmediaciones del aeropuerto internacional se registraron incendios y bloqueos durante la tarde, lo que generó caos entre residentes y turistas.
El operativo ocurrió a pocos días de que Río sea sede de eventos vinculados a la cumbre climática COP30, incluida la reunión C40 de alcaldes. No es la primera vez que se realizan acciones policiales de este tipo previo a eventos internacionales. En 2016, antes de los Juegos Olímpicos, y en 2024, en la cumbre del G20, fueron registrados operativos similares.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río anunció que exigirá explicaciones al gobierno del Estado sobre el operativo, que consideró una “transformación de territorios populares en escenarios de guerra”. Desde 2020, la Corte Suprema había limitado las acciones policiales en favelas, aunque esas restricciones fueron levantadas a principios de este año.