Con más de medio siglo de inversión y desarrollo, la tecnología de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) ha evolucionado significativamente y, acorde a eso, la doctrina militar dedicada se ha ido adaptando para sus distintos usos en base a las capacidades desarrolladas y a las contramedidas existentes.

Los VANT, generalmente conocidos como drones, tienen capacidades de autonomía, alcance y carga que les permiten ser utilizados para decenas de tareas, tanto civiles como militares.

Miles de ejemplos en los últimos años demuestran la versatilidad y bajo costo que pueden tener estas plataformas, habiendose visto el uso de drones civiles intervenidos que depositan una carga explosiva con el fin de dañar o destruir un objetivo. Este uso de los drones se ha vuelto una preocupación seria para todos los actores internacionales, ya que se facilita el accionar con pocos recursos -y accesibles- sobre objetivos sensibles por parte de «lobos solitarios» u actores adversarios.

En este contexto, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos está solicitando de manera inmediata nuevos sensores que permitan detectar drones cada vez más pequeños.

A través de la Defense Innovation Unit (DIU), el Pentágono lanzó una solicitud urgente para incorporar sensores de contramedidas contra drones capaces de detectar pequeños drones (Grupo 1, menos de 20 libras – 9 kilos) a una distancia mínima de 2 km, pudiendo filtrar el “clutter” terrestre y las aves. Estos sensores deberán integrar radar obligatoriamente, pueden ser multimodales, y estar preparados para operar cerca de áreas pobladas y en espacio aéreo congestionado, con rápida integración a sistemas de fuego C-UAS ya designados por el gobierno.

El proyecto estadounidense tiene un segundo eje orientado a proporcionar sensores móviles a pequeñas unidades militares en movimiento, lección derivada del empleo de guerra electrónica y drones en Ucrania. Estos sistemas deberán detectar drones de Grupo 1 y 2 volando por debajo de 50 metros, ofrecer advertencia temprana, recurrir preferentemente a soluciones pasivas de frecuencia de radio de amplio espectro (aprox. 400 MHz–8 GHz), ser robustos, de fácil operación y mantenimiento por tropas, y montarse en plataformas ligeras como el Infantry Squad Vehicle, JLTV, FMTV y HEMTT, reduciendo la carga del operador con controles intuitivos de detección, seguimiento y alerta.

Desde la perspectiva argentina y siguiendo la evolución tecnológica de los drones, la creciente versatilidad y accesibilidad de la plataforma y la preocupación de actores como Estados Unidos sobre como desarrollar contramedidas para garantizar la seguridad de los posibles objetivos, también se necesita plantear el debate sobre hasta qué punto es permisible abarcar espacios donde convergen lo público y lo privado.

El debate radica en dos puntos clave: lo legal, hasta donde se considera propiedad privada; y en densidad poblacional.

Sería poco inteligente prohibirle al dueño de un campo en una zona no urbanizada el uso de drones, así como sería igualmente estúpido pedirle al dueño de una casa en una zona urbana que tapiale todas sus ventanas para que posibles drones que pasen por el barrio no vean dentro de su vivienda.

Ya existen casos de municipios en la Provincia de Buenos Aires que utilizan drones dentro de su política de seguridad en el distrito, como Pilar que es uno de los municipios que más gasta en esta área en toda la provincia y los utilizan para realizar el seguimiento de vehículos en zonas complicadas, encontrar a individuos extraviados o inclusive el seguimiento de la evolución en inundaciones o situaciones climáticas adversas.

La postura que este municipio en particular tomó sobre el uso de drones solo en caso de que exista una necesidad imperiosa es realmente interesante, en vez de tomar una postura de control proactiva con el uso de drones, estos son desplegados para encontrar y perseguir, manteniendo un control visual sobre la situación en directo para trabajar en conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales o federales (cuando se les solicita).

Por otro lado, la decisión de retirarse de las esferas intimas de los ciudadanos, requeriría de la implementación privada de inhibidores de señal, neutralizadores no-destructivos (que utilizan GPS spoofing, o jamming de la radio frecuencia), cinéticos o no-cinéticos, o rifles de pulsos electromagnéticos (que disparan un pulso de microondas de alta potencia) por parte de los ciudadanos mismos.

Asimismo, otra opción real y tangible es la integración de los medios mencionados a la infraestructura actual desde la regulación a la construcción. Por ejemplo, incluir en la construcción de antenas 5G, interviniéndolas o agregando a su construcción, alguno de estos elementos al servicio de las fuerzas, que se integra a la infraestructura para el control de amenazas VANT.

Asimismo, es menester mencionar que el estado argentino no reconoce donde termina la propiedad privada y donde comienza el espacio aéreo de una propiedad.

Artículo 2.518 del Código Civil argentino establece que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo sobre el suelo en líneas perpendiculares, otorgando al propietario el derecho exclusivo sobre el espacio aéreo. Este derecho permite construir en dicho espacio, incluso si ello afecta la luz, vistas u otras ventajas de los vecinos, y permite demandar la demolición de obras ajenas que sobresalgan sobre el espacio aéreo propio.

No obstante, este derecho se encuentra sujeto a limitaciones legales y regulaciones específicas. El Código Aeronáutico (Ley 17.285) establece que la República Argentina ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre su territorio, mar territorial y aguas adyacentes, lo que implica que el uso del espacio aéreo está regulado por normas de seguridad aeronáutica y no puede ser ejercido de forma abusiva. Además, el derecho de sobre elevar permite a un propietario construir en el espacio aéreo de un inmueble sometido a propiedad horizontal, adquiriendo la propiedad exclusiva de lo edificado de forma permanente, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales.

La pregunta principal se mantiene: ¿Donte termina la propiedad privada y donde comienza el espacio aéreo?

Anti / Anti-Anti VANTs

Para los países que no consideraron pertinente ni oportuno invertir en desarrollos de VANTs, comenzar ahora no solo es malgastar recursos y medios, sino también un esfuerzo inútil, para cuando se alcancen las capacidades actuales, el resto del mundo estará en etapas tan superiores que las propias no servirán para nada.

La dirección en la que se deben orientar los esfuerzos es entonces, la creación de una infraestructura de seguridad en profundidad donde se pueden delinear niveles claros de intervención y actividad.

Medidas Anti-VANTs.

La primera capa física requiere de una necesidad imperante de contar con las capacidades de limitar todo VANT que ingrese al espacio aéreo, inutilizando cualquier dron o vehículo no tripulado de este en zonas urbanas, rurales, o TO.

Juntos a las posibilidades anteriormente mencionadas como la utilización de inhibidores, pulsos electromagnéticos dirigidos, o cualquier otro medio son la única herramienta que garantiza que en las emergencias se pueda neutralizar este tipo de amenazas.

Esta capa se debe considerar de manera similar a utilizar una retroexcavadora para cortar el pasto, funcionando como la base sobre la que se puede construir, cubriendo una falencia grave inmediata.

Sobre esta se pueden apilar infraestructura, medios móviles, dirigidos, controlados a distancia y finalmente humanos. Todo lo anteriormente mencionado sería entonces la base para mantener una defensa real en caso de que fases superiores fallen o el enemigo pueda encontrar una vulnerabilidad en el sistema.

Medidas Anti-Anti-VANTs.

Las siguientes capas, más quirúrgicas, se orientan a tener la capacidad de ser selectivas sobre los VANTs que se desplieguen. Estas medidas incluyen una coordinación e integración de regulaciones civiles e infraestructura critica capaz de repeler amenazas menores, y una capacidad del orden militar para amenazas mayores.

En las capas superiores se encuentran las capacidades de inhabilitar VANTs del enemigo y permitir que los propios operen con libertad. En estos se debe considerar la participación del comando de ciberdefensa, así como un comando conjunto con la fuerza aérea que permita realizar un proceso OODA (observar, orientarse, decidir, actuar) sobre VANTs independientes o amenazas inminentes en tiempo real dentro del espacio aéreo.

Estas capas, entonces, funcionarían como niveles superiores sobre el sistema real en el que se deben crear las capacidades de recopilar en tiempo real grandes cantidades de información, detectar VANTs, seguirlos a grandes velocidades, interceptarlos, desplegar VANTs propios en un TO, cubrir una zona y monitorearla, dar apoyo a un despliegue actual, etc.

La integración con IA se encuentra en estas capas, donde toda esta información es procesada y digerida para una interfaz con los operadores del sistema o sin ellos, de acuerdo con la emergencia y doctrinas definidas. Un dron pilotado por una IA local (quantizada a 1 bit y con un peso menor a 1 Gb) en las computadoras de abordo puede ser creado en un garaje y hoy en día es imposible detener al individuo con la suficiente motivación que quiera hacerlo, por lo que toda medida preventiva quedaría obsoleta para cualquier sistema de radares de alerta temprana a distancia en zonas urbanas.

Por el contrario, en estas situaciones, entonces se deben encontrar las medidas para detener el dron y limitar su potencial daño. El sistema debe, dentro de su ciclo OODA, comprender y detectar la amenaza y posibles daños que causare. Todas las capas superiores existirían para descansar sobre la capa original, y operan sobre el ciclo OODA en remoto.

Los sistemas de defensa en profundidad ya demostraron su efectividad en áreas hibridas de la defensa, cuando se involucran los ámbitos cibernéticos y físicos, asimismo se asemeja mucho a doctrina existente, y se basa en conceptos como los ciclos OODA que son de uso común en las fuerzas hoy en día.

La necesidad de construir una red de seguridad en capas en la que la severidad del accionar se vuelve más grande acorde al nivel de profundidad radica en lo incompleto o inexistente de los mecanismos actuales de seguridad contra VANTs en la República Argentina.

Lo innegable de estas amenazas se vuelve cristalinamente aparente si solamente analizamos los ejemplos contemporáneos.

La capacidad de despliegue VANT a nivel global claramente muestra que Argentina está en una posición de desventaja, aunque no es desesperada. Si el posible adversario cuenta con una ventaja comparativa, antes que poder conseguirla para los propios, es más fácil quitársela o volverla inútil.