La Policía Nacional de España liberó a 162 mujeres, en su mayoría de Colombia y Venezuela, tras desmantelar una red de trata que las explotaba sexualmente en siete provincias. Las víctimas, sin papeles ni derechos laborales, eran recluidas en habitaciones vigiladas por cámaras y trasladadas entre ciudades como Valencia, Barcelona y Málaga.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de tres mujeres que lograron escapar y revelaron la estructura criminal, integrada por proxenetas, choferes y narcos. La Agencia Tributaria también inició una investigación por lavado de dinero.

El operativo coincide con un clima político cargado en España, donde la prostitución se convirtió en munición en el enfrentamiento entre gobierno y oposición. El presidente Pedro Sánchez, que en el Congreso reiteró su compromiso con la abolición de la prostitución y anunció la expulsión del PSOE de cualquier cargo público que pague por servicios sexuales, enfrenta cuestionamientos por el pasado de su familia política.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo acusó de “partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución”, en referencia a antiguos prostíbulos manejados por Sabiniano Gómez Serrano, suegro de Sánchez. La polémica resurgió tras la publicación de sentencias judiciales que, a comienzos de los 2000, confirmaron que la “Sauna Princesa”, un local ubicado en Madrid, funcionaba como prostíbulo.

El Tribunal Supremo, en un fallo de 2001, describió el establecimiento como “acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución”, aunque anuló la expulsión de una trabajadora guineana al no probarse que ejerciera esa actividad. La Audiencia Nacional había sostenido un criterio similar en 1997.

Según testimonios publicados por OKDIARIO, la “Sauna Princesa” formaba parte de un entramado empresarial con propiedades en Madrid, Alcalá de Henares y Segovia, gestionado por Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez (esposa de Pedro Sánchez). Un ex empleado declaró que “el tío de Begoña era el recaudador: 15.000 pesetas el polvo”, y acusó a la familia de sobornar a policías con copas y servicios sexuales.

Sánchez, en respuesta a las críticas, insistió en que los audios que involucran a exdirigentes socialistas en fiestas sexuales “repugnan” y son “la antítesis de los valores” del PSOE.