La Fiscalía General de Bolivia anunció el día de ayer la apertura de una investigación penal contra el Evo Morales luego de que el gobierno boliviano presentara una denuncia en la que se acusa al exmandatario de numerosos delitos, entre ellos «terrorismo», «instigación pública a delinquir» y «atentados contra la seguridad de los servicios públicos».

La denuncia se basa en un video difundido recientemente por un excolaborador de Morales, en el que se escucha la que presuntamente es la voz del expresidente dándole instrucciones a uno de sus seguidores para cortar rutas en el marco de las protestas que vienen realizando sectores «evistas».

Según el fiscal general Roger Mariaca, el Ministerio Público ha decidido admitir la denuncia y dar inicio formal al proceso de investigación. «Se ha determinado admitir esta denuncia, lo que llama a iniciar una investigación», afirmó Mariaca. El delito de terrorismo, el más grave de los imputados, contempla penas de entre 15 y 20 años de prisión.

Por su parte, Evo Morales negó la veracidad de la grabación y acusó al gobierno de Arce de montar un caso en su contra para desprestigiarlo políticamente. «Están usando falsos perfiles y herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas», aseguró un senador aliado del líder cocalero.

La apertura de esta nueva causa profundiza la crisis interna del oficialismo boliviano, donde las tensiones entre el presidente Arce y Evo Morales, antiguos aliados dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), se han intensificado en los últimos meses. Desde su inicio, esta disputa derivó en manifestaciones, protestas y bloqueos de rutas que han mantenido al país andino en una profunda crisis económica.