La Comisión Europea puso en marcha el 3 de septiembre el proceso de ratificación del acuerdo comercial con el Mercosur, alcanzado en diciembre de 2024 tras dos décadas de negociaciones. El texto ya recibió el aval de los comisarios europeos y ahora será enviado al Consejo y al Parlamento Europeo para su examen en los próximos meses.
El acuerdo busca crear una amplia zona de libre comercio entre la Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con la eliminación gradual de aranceles para la mayor parte de los productos, aunque algunos bienes agrícolas sensibles permanecerán sujetos a contingencias especiales. Desde Bruselas se espera que los Estados miembros más reticentes terminen por dar su visto bueno, aunque Francia encabeza el grupo de opositores y hasta ahora ha logrado alinear a buena parte de sus fuerzas políticas en rechazo al pacto.
Para Francia la noticia llega en un momento delicado. El gobierno del primer ministro François Bayrou afronta una moción de confianza que podría hacer caer al Ejecutivo, mientras los sindicatos agrícolas continúan ejerciendo presión en rechazo al pacto con el Mercosur.
Consciente de esas resistencias, la Comisión Europea incorporó una declaración adicional en la que se compromete a vigilar las posibles distorsiones de mercado que puedan afectar a los agricultores europeos. El texto prevé la activación de salvaguardias si las importaciones de productos como la carne de vacuno o de ave superan determinados umbrales o provocan caídas abruptas de precios. Sin embargo, estas garantías no serán vinculantes para los países del Mercosur, sino que comprometen únicamente a la propia Comisión Europa, lo que genera dudas en París sobre su eficacia real.
La cuestión agrícola constituye un terreno sumamente sensible, especialmente en Francia, donde los productores temen una competencia desleal frente a los países sudamericanos. La situación interna del gobierno francés, debilitado por la moción de confianza, ha convertido al acuerdo en un tema que concentra el rechazo tanto del oficialismo como de la oposición.
A esta presión se suman otros países como Polonia, cuyo vicepresidente Władysław Kosiniak-Kamysz declaró que busca formar una minoría de bloqueo que impida la ratificación, contando con un eventual apoyo de Italia. Aunque el número de Estados aún no alcanza para detener el proceso, estas maniobras reflejan la tensión política que existe alrededor del pacto.
Con el objetivo de acelerar la entrada en vigor, la Comisión decidió dividir el texto en dos componentes. La parte comercial será sometida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, lo que permitiría aplicarla más rápidamente, mientras que el componente político deberá pasar por los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Esta estrategia busca destrabar el acuerdo después de años de retrasos, permitiendo agilizar la implementación de la pata comercial del pacto.