En el sur de Venezuela, el oro nace en una de las provincias geológicas más antiguas del planeta y, demasiadas veces, termina absorbido por circuitos de contrabando, lavado regional y ventas opacas a traders, refinerías e intermediarios. Entre ese origen remoto y ese destino turbio se despliega una cadena marcada por sindicatos armados, guerrillas, mandos militares, pistas clandestinas, países de tránsito y un Estado que, según el tramo del negocio, regula, tolera y también participa.

La base de esa riqueza se encuadra en el Escudo Guayanés, el segmento norte del cratón amazónico: una masa de rocas precámbricas que reúne algunas de las formaciones más antiguas de Sudamérica. En Venezuela, buena parte de la mineralización aurifera se encuentra vinculada al rocas del Complejo Metamórfico de Imataca, de unos 3.400 millones de años y a cinturones formados por rocas igneo-metamorficos de edades entre 2 a 2,25 millones de años. Allí el oro aparece asociado a grandes zonas de falla, vetas de cuarzo y depósitos aluvionales. Por eso la extracción combina minería primaria con lavaderos de sedimentos en áreas próximas a ríos y cursos fluviales.

Ese subsuelo milenario fue encapsulado políticamente en 2016, cuando el chavismo creó el Arco Minero del Orinoco, una franja de 111.843,70 km² al sur del país. La iniciativa fue presentada como la gran frontera extractiva de la Venezuela pospetrolera. Diez años después, el saldo no es el de una minería ordenada dentro de un decreto, sino el de una frontera extractiva desbordada, extendida hacia el centro y sur del país en estados como Bolívar y Amazonas.

Sobre el terreno, además, la actividad dista de parecerse a una cadena minera formal. La ONU documentó que amplias zonas del Arco Minero quedaron bajo control de grupos criminales conocidos como “sindicatos”, que deciden quién entra, quién sale, cuánto se paga y quién sobrevive. Sostienen ese dominio mediante extorsión, castigos brutales y corrupción con mandos militares. Según la Oficina de la Alta Comisionada, los mineros entregan entre 10% y 20% de sus ganancias a esos grupos y otro 15% a 30% a los dueños de los molinos. El mismo informe identificó numerosas disputas violentas por el control de explotaciones, con un saldo de unos 149 muertos, además de documentar trabajo infantil, explotación sexual, malaria y contaminación con mercurio.

La opacidad atraviesa toda la cadena. Mientras que el gobierno venezolano aseguró haber extraído 9,5 toneladas en 2025, diversos documentos relevados por Transparencia Venezuela hablaban de metas de 67,3 toneladas anuales para 2023-2024. Esa distancia entre no parece un simple error estadístico sino que revela un sistema extremadamente difícil de auditar.

Una vez fuera de la mina, el metal entra en otra zona gris. La OCDE sostiene que buena parte del oro ilícito venezolano se lava primero dentro de América Latina y el Caribe antes de ingresar a la cadena legal global. En los registros formales más recientes, el Observatorio de Complejidad Económica muestra que Venezuela exportó US$319 millones en oro en 2024, casi todo con destino a Líbano. Pero el historial del negocio apunta a circuitos mucho más opacos. Existen documentos que registran envíos de 20 toneladas a Turquía entre enero y mayo de 2018, mientras que otra investigación reportó ventas por 73 toneladas a Turquía y Emiratos Árabes Unidos ese mismo año.

Alrededor de esos flujos se montó una red todavía más turbia. Una investigación reciente de El País (España) sostiene que parte del oro venezolano salió clandestinamente hacia Turquía, Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos a cambio de alimentos y combustible. Reuters ya había informado en 2020 que Washington acusaba a la controvertida aerolinea iraní, Mahan Air, de operar vuelos a Venezuela pagados con barras de oro provenientes del Banco Central. Y antes de la fase turca y emiratí, la propia Reuters reveló en enero de 2026 que Venezuela había enviado 113 toneladas a Suiza entre 2013 y 2016, por un valor de US$5.200 millones, para refinar, certificar o monetizar reservas.

El dato más revelador es que, mientras la ruta ilegal se expandía, las reservas oficiales del Banco Central se encogían. Informes de agencias internacionales estiman que el BCV cerró 2025 con 47 toneladas de oro en reservas. En la misma línea, el mencionado diario español habla de un derrumbe desde 366 toneladas en 2013 a poco más de 50 en la actualidad. En otras palabras: un país asentado sobre uno de los cinturones auríferos más ricos de la región, con producción real estimada por distintas fuentes en decenas de toneladas anuales, terminó en una situación en la que el oro sirve menos para fortalecer una reserva soberana que para alimentar un circuito de caja inmediata, sanciones, intermediarios y poder territorial armado.

Ahora esa ruta vuelve a mutar. En marzo de 2026, Estados Unidos autorizó ciertas transacciones con oro de origen venezolano vinculadas a la compañía minera de oro del régimen bolivariano, Minerven, siempre bajo contratos regidos por ley estadounidense. Reuters informó además que Trafigura acordó un esquema de compra anticipada de entre 650 kilos y 1 tonelada de doré producido exclusivamente por minas de Minerven, excluyendo material de terceros y del circuito criminal del Arco Minero. La apuesta oficial es abrir una vía “limpia”, pero esa formalización parcial no responde la pregunta de fondo: qué ocurre con el resto del metal que nace en el Escudo Guayanés, sale de pozos y ríos controlados por redes violentas, cruza fronteras por trochas o aeropuertos, cambia de nacionalidad en países de tránsito y reaparece convertido en oro aparentemente legítimo en alguna bóveda, refinería o mesa de trading.

La historia completa, entonces, no es solo la de un recurso natural. Es la de una cadena de valor invertida. El oro nace en un basamento geológico extraordinario, atraviesa una economía extractiva militarizada y criminal, se lava en nodos regionales, se monetiza en mercados opacos y reaparece del otro lado del sistema con su origen borrado. Esa es, hoy, la verdadera ruta del oro ilegal en Venezuela.