Lula participó este lunes en Santiago de Chile de la cumbre progresista Democracia Siempre, que reunió a los mandatarios Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Uruguay) y Pedro Sánchez (España). El encuentro busca proyectar una posición común en defensa del multilateralismo y la democracia, que será presentada en septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En este marco, los líderes afirmaron que la democracia es “el mejor camino posible para garantizar la paz, la cohesión social y las oportunidades para todos”, y llamaron a “condenar las derivas autoritarias”. El presidente brasileño, en particular, insistió en que las elecciones periódicas no son suficientes para preservar las instituciones democráticas y reclamó avanzar en la regulación de las redes sociales ante lo que describió como “una ofensiva antidemocrática”.
No obstante, el mensaje entra en tensión con la situación interna de Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal (STF) ha intensificado en los últimos días las medidas judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
El juez Alexandre de Moraes prohibió a Bolsonaro conceder entrevistas por tiempo indefinido, restringió sus interacciones en redes sociales y ordenó que use una tobillera electrónica. La defensa del exmandatario denuncia censura y persecución política, mientras que Bolsonaro, quien el lunes se reunió con legisladores aliados en el Congreso, asegura ser “víctima de una humillación máxima”.
En el plano internacional, algunos líderes se han pronunciado a favor del expresidente. Donald Trump, quien viene enfrentándose mediáticamente con Lula hace semanas, asoció la imposición de aranceles del 50 % a los productos brasileños con lo que calificó como “caza de brujas política” contra su aliado ideológico. El secretario de Estado, Marco Rubio, revocó las visas de Moraes, otros jueces del STF y sus familiares directos.
Asimismo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, expresó su respaldo a Bolsonaro y criticó las restricciones impuestas, a las que calificó como “herramientas de intimidación política”.
El STF, por su parte, defiende que las medidas son necesarias para proteger el orden democrático, aunque expertos brasileños debaten su legalidad. El profesor de derecho Ivar Hartmann, de la escuela de negocios Insper, sostiene que las entrevistas serían permisibles “si no buscan eludir las restricciones en redes”, pero advierte que la interpretación expansiva de Moraes “abre un precedente delicado”.