Este domingo, se llevaron a cabo en México las primeras elecciones judiciales, luego de la aprobación de una controversial reforma que establece el sufragio popular como mecanismo de designación de los magistrados. La legislación impulsada por el expresidente López Obrador y continuada por su sucesora Claudia Sheinbaum, le permite a la ciudadanía elegir a sus jueces, en un país donde los intereses del narco pesan en las urnas.
En total fueron elegidos 2.600 miembros del poder judicial, y se definieron 881 cargos en la justicia federal, entre ministros de la Suprema Corte, magistrados de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Los resultados estarán disponibles cerca del 15 de junio.
El Instituto Electoral de México estima que entre el 12,57 % y el 13,32 % de los votantes habilitados fueron a votar. De este modo, menos de un cuarto del padrón acudió a las urnas para elegir a sus jueces, en medio de preocupaciones por la futura independencia del poder judicial y la procedencia de algunos candidatos.
En esta línea, la antesala de las elecciones estuvo marcada por la polémica desatada luego de que se diera a conocer que entre las boletas habría personas vinculadas al narcotráfico, como Leopoldo Chávez, quien pasó casi seis años en una prisión estadounidense y se presentó como candidato para juez federal.
Del mismo modo, en el Estado de Nuevo León, se postuló para ocupar el cargo de juez federal Fernando Escamilla, quien asesoraba a los abogados del cartel de los zetas. «¿Ser asesor en derecho internacional o de extradición te da mala reputación pública? No lo creo, ya que es lo único que demuestra que tienes la capacidad y el conocimiento para manejar este tipo de situaciones» declaró en una entrevista el controversial candidato.
A una semana de la votación, una ONG mexicana dedicada a la protección de los derechos humanos, aseguró que se identificaron al menos 20 candidatos que presentan vínculos con el narcotráfico, incluído un abogado defensor que trabajó para el Chapo Guzmán. En consonancia, los críticos de la reforma alegan que se corre el riesgo de eliminar los controles sobre el partido oficialista y permitir que el crimen organizado tenga mayor influencia sobre el poder judicial.