Este fin de semana, Donald Trump tuvo uno de los primeros choques diplomáticos de su segundo mandato presidencial. En el marco de su dura política migratoria, con despliegues militares en la frontera sur y aeronaves de la fuerza aérea estadounidense trasladando inmigrantes ilegales de regreso a sus países de origen, Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje de dos vuelos de repatriación de ciudadanos colombianos que residían ilegalmente en Estados Unidos. «No pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos» fueron las palabras del mandatario, cuyas críticas se suman a las del gobierno brasileño. Este último, informó este domingo que le pedirá explicaciones a Washington por el trato dado a sus ciudadanos durante un vuelo de repatriación.
El accionar de Petro provocó una rápida respuesta del otro lado del continente. Tras ser informado de la situación, Donald Trump se manifestó a través de sus redes sociales y calificó la decisión como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Asegurando que los vuelos trasladaban un gran número de «criminales ilegales», el presidente anunció un paquete de medidas urgentes, que contempla tarifas de emergencia del 25% a todos los productos colombianos (que aumentarán al 50% en el plazo de una semana), prohibiciones de viajes y revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus «aliados», inspecciones más rigurosas a ciudadanos de Colombia, y sanciones financieras y bancarias.
Las contundentes palabras de Trump surtieron efecto rápidamente, y algunas horas más tarde, el gobierno colombiano anunció que Gustavo Petro pondrá el avión presidencial a disposición del «retorno digno de los connacionales». El mismo comunicado, anticipa que Colombia impulsará el abordaje de cuestiones como la cooperación en materia migratoria, durante la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar el jueves 30 de enero.
Asimismo, el gobierno de Colombia mantiene conversaciones activas con el gobierno de los Estados Unidos, buscando acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y trato digno para los compatriotas durante los procesos de deportación, reconociéndolos como sujetos de derecho.

Mientras tanto, un reclamo similar provino de Brasil, quien calificó de «degradante» el trato dado a sus ciudadanos en un vuelo de repatriación, y anticipó que pedirá explicaciones al gobierno de Estados Unidos. Según informó la Cancillería brasileña, los individuos deportados habían sido esposados, lo cual fue considerado una «falta de respeto» y una medida que va en contra de lo dispuesto en el acuerdo bilateral que regula este tipo de traslados. Por su parte, el gobierno de Donald Trump justificó la situación afirmando que se trata de un protocolo de seguridad, y que no dejará de hacerlo.
El avión que transportaba a ciudadanos brasileños con destino a Belo Horizonte debió aterrizar en Manaos por problemas técnicos, y allí fue donde la policía local logró advertir que los pasajeros iban esposados, tras lo cual le pidió a los agentes estadounidenses que retirasen las esposas. Adicionalmente, el presidente Lula Da Silva ordenó que los migrantes repatriados continuaran el viaje en un avión de las Fuerzas Armadas brasileñas.